Autodefensas Unidas de Colombia

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Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) eran una confederación paramilitar, creada en abril de 1997 en Colombia, para reunir en una entidad relativamente centralizada a muchos de los múltiples grupos paramilitares regionales pre-existentes. Las AUC han sido clasificadas como una organización terrorista por la Unión Europea y por los Estados Unidos.

En el 2003 firmaron un acuerdo de desmovilización con el gobierno como resultado del cual se desmobilizaron unos 30,000 miembros de las autodefensas y sus comandantes cesaron sus operaciones. Algunos líderes de las AUC no se acogieron al acuerdo de la desmovilización, y varios grupos paramilitares locales, ya sea que no se desmovilizaron, volvieron a tomar las armas o se crearon posteriormente, continúan activos en Colombia.

Sus objetivos declarados son proteger a sus miembros y patrocinadores en las zonas bajo su influencia, entre ellos ganaderos y narcotraficantes, de las incursiones armadas de las guerrillas de las FARC, ELN y EPL. Su líder político tradicional fue Carlos Castaño, cuyo cadáver fue encontrado e identificado en agosto de 2006, después de más de dos años de especulaciones sobre su muerte, y otros de sus importantes miembros son Salvatore Mancuso y Ernesto Baez.

Ideológicamente se suele clasificar a ésta organización como orientada a la extrema derecha, pero también se ha considerado en otras ocasiones que, como organización ilegal, sus miembros no tendrían un carácter específica y marcadamente ideológico de por sí.

[editar] Actividades

En Colombia viven en continuos enfrentamientos con las guerrillas y en menor grado con el ejército en años recientes. Hay amplias evidencias reconocidas en Colombia y en el exterior de que algunos miembros de las fuerzas policiales, militares y políticas colombianas han colaborado con las AUC y otros grupos paramilitares de manera persistente, incluso en contra de lo que sus superiores o subordinados hayan dispuesto.

Buena parte de las AUC participaban en el tráfico de drogas, de armas y en el contrabando. Se considera que sus miembros también han participado en el secuestro y la extorsión a comerciantes y empresarios pequeños, además de conseguir a lo largo de sus años de actividad la propiedad legal o ilegal de una cantidad desconocida de suelo agrícola y ganadero que ha sido estimada entre 2 y 4 millones de hectáreas. Los diferentes grupos paramilitares mantienen a un número sin precisar de municipios bajo su control o influencia.

Se les atribuye a miembros de las AUC la responsabilidad de asesinatos selectivos que han ocurrido en Colombia durante al menos los últimos 20 años, contra civiles que ellos consideran ser miembros o apoyos de las diferentes guerrillas.

En la mayoría de los casos no ha sido posible establecer la veracidad (o falsedad) específica de dichas consideraciones de parte de las AUC, lo que indicaría que necesariamente tanto personas inocentes como culpables de dicha acusación habrían caído asesinadas por ese grupo de manera individual y colectiva. Sus homicidios fuera de combate han sido considerados como crímenes de guerra tanto en Colombia como ante entidades jurídicas internacionales, además de haber sido consignados en informes de ACNUR, Human Rights Watch y otras ONGs.

[editar] Desmovilización

Artículo principal: Proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia

Actualmente esta organización, después de anunciar un cese de hostilidades que ha resultado parcial e incompleto ante organismos nacionales e internacionales, se encuentra en diálogo de paz con el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, bajo la verificación de la OEA.

Si bien el proceso ha logrado desmovilizar a numerosos miembros de las AUC y ha reducido la violencia en algunas zonas del país, persisten muchas dudas al respecto de si realmente todos los desmovilizados se mantendrán al margen de la lucha armada ilegal, y adicionalmente hay cuestionamientos acerca de qué tanta colaboración aportarán las AUC frente a las reclamaciones de justicia, verdad y reparación de parte de las víctimas de su accionar. Dicha situación continúa siendo polémica en Colombia durante el 2006.

De acuerdo con varios críticos el proceso de desmovilización tendría varias fallas, que habrán permitido que algunos de los grupos paramilitares no se hubieran desmovilizado realmente y en cambio estén intentando consolidar su control social y económico en sus zonas de influencia, o que en su defecto varios de sus integrantes regresen individualmente hacia una vida criminal.

La influencia e intentos de infiltración política de los grupos paramilitares a nivel regional y en algunos organismos estatales como el DAS ha sido motivo de controversia. Hay discrepancias entre las diferentes explicaciones y descripciones que le asignan ese proceso. Algunos consideran que se ha dado principalmente durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, mientras que otros críticos consideran que la influencia paramilitar ha venido creciendo dentro del estado desde hace décadas y que apenas ahora sale parte de su desarrollo a la luz pública, y algunos consideran que no ha sido así en absoluto.

Hacia finales del año 2006, después de la desmovilización, han surgido acusaciones y se han recaudado pruebas de la participación o colaboración directa o indirecta de congresistas y de algunos funcionarios estatales en actividades de las Autodefensas.